La libre elección de veterinarios para vacunar levanta polvareda

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La decisión del Gobierno nacional, oficializada a través de la Resolución 201/26 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), de habilitar a los productores ganaderos a elegir libremente a veterinarios privados –acreditados ante aquel organismo– para la aplicación de vacunas obligatorias, tal el caso de aftosa y brucelosis, ha levantado polvareda en el sector entre aquellos que rechazan enfáticamente esa decisión y quienes la ven con buenos ojos.

La medida, que entrará en vigor el primer día de 2027, según el Gobierno, busca descentralizar el servicio, aumentar la eficiencia y mejorar la competencia en el sector ganadero. También, se argumenta, permitirá a los productores reducir costos.

Conocida la Resolución 201/26, la mayoría de las entidades del sector salió a rechazar la medida, defender el actual sistema con base en las fundaciones y remarcar los riesgos que implica esta decisión para la sanidad de los rodeos.

Farer

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), a través de un comunicado, rechazó de plano la decisión oficial, a la que definió como “innecesaria e inoportuna” dado que “introduce riesgos en un esquema sanitario que durante décadas ha demostrado eficacia para proteger al rodeo argentino”.

El actual sistema, admitió Farer, “puede ser perfectible” pero “ha permitido garantizar la correcta aplicación de la vacuna, el mantenimiento de la cadena de frío y una cobertura sanitaria amplia en todo el territorio, logrando una inmunidad de rodeo exitosa”.

Los ruralistas de Farer, además, advirtieron que habilitar la aplicación de la vacuna por parte de veterinarios privados de manera directa podría fragmentar el sistema y debilitar los controles. Defendieron, asimismo, el carácter solidario del modelo vigente, ya que “permite garantizar la vacunación en zonas de frontera y entre pequeños productores que, en un sistema totalmente individualizado, podrían quedar en desventaja”.

La sanidad, enfatizó la entidad, “no puede comprometerse por decisiones políticas, cuando es estrictamente una cuestión sanitaria”, por lo que Farer considera a esta medida “desacertada, inconsulta, carente de respaldo científico y sin fundamentos, inscripta sólo en una lógica economicista que se cae por su propio peso”.

Sergio Dalcol, el presidente de Farer, recordó que el Senasa en los últimos tiempos tomó dos medidas objetables. “La primera fue el cambio de las fechas de las campañas de vacunación que generó un amplio rechazo, y, a pesar de lo que pueden llegar a decir en el Senasa, no se hicieron las consultas como deben hacerse a través de las Coprosas, sino que se hicieron consultas puntuales a algunos referentes para ver qué opinaban del cambio, sobre todo de la segunda fecha, que es en junio. Como la medida ya estaba tomada, lo mejor que pudimos conseguir es que la medida se revea el año que viene”, señaló Dalcol.

La segunda medida, prosiguió, fue “esta Resolución 201 que la pusieron directamente arriba de la mesa sin ningún tipo de consulta. La única explicación posible, hay que decirlo, es que hay quejas de algunos productores que quieren dejar de vacunar, el reclamo no viene de afuera, viene de adentro del sector”.

Esta postura, en la opinión de Dalcol, “no es generalizada, aunque, por supuesto, es respetable”.

El ruralista de Gualeguaychú, en este sentido, consideró que “la idea de algún grupo de productores de, directamente, dejar de vacunar va en línea con pensamiento del ala política del Gobierno, que en su afán de continuar con esta famosa motosierra está dispuesto a cortar con todas aquellas cosas que consideran gastos inoportunos, ineficientes, o que no tengan un retorno específico de lo que se está gastando”.

“Pueden llegar a pensar que está bien dejar de vacunar porque los productores se van a ahorrar equis cantidad de millones de pesos, sin pensar en todo lo que podría llegar a suceder, incluso para las propias arcas del Gobierno, si por alguna cuestión aparece un brote de aftosa”, añadió Dalcol, al tiempo que remarcó la falta de capacidad del Senasa para hacer un control epidemiológico en el caso de que se dejara de vacunar. El cambio de estatus sanitario, por otra parte, “no garantiza por sí solo la apertura de nuevos mercados”.

Sobre la base de estos argumentos, el presidente de Farer tiene “serias sospechas” de que el próximo paso del Gobierno sea dejar de vacunar. “Habría que preguntarles a las máximas autoridades de la Secretaría de Agricultura qué piensan en este sentido, sería bueno arrancarles una definición –si lo tienen en mente, si lo tienen planificado– para tener un indicio de hacia dónde vamos”, enfatizó Dalcol.

FAA

En la misma línea, el Distrito III Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina (FAA) rechazó la Resolución 201/26 del Senasa, y, en este sentido, recordó que “esta situación ya fue recorrida por la ganadería nacional cuando, en la década del ‘90, se dejó de vacunar, con las consecuencias por todos conocidas: el regreso de la enfermedad y el cierre total de los mercados externos”.

Para los federados entrerrianos, “estas medidas parecen atender más a caprichos de un grupito de funcionarios, que a un análisis técnico y de riesgo que esta decisión podría acarrear para nuestra ganadería”.

SRA

Juan Diego Etchevehere, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Entre Ríos –entidad que no forma parte de la Fundación de Lucha conta la Fiebre Aftosa (Fucofa)–, por su parte, consideró que “toda medida orientada a fortalecer al productor y ampliar su capacidad de decisión resulta positiva”.

No obstante, alertó, “en este proceso es fundamental resguardar la seguridad sanitaria de nuestros rodeos”, y, en ese sentido, “el rol de instituciones como Senasa es central”.

En definitiva, subrayó Etchevehere, “cualquier reducción de costos que pueda derivarse de la desregulación debe necesariamente coexistir con un sistema de control sanitario sólido, que garantice el bienestar animal y la calidad de la producción”.

Cmver

Mientras, la presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos (Cmver), Carolina Lell, estimó que la Resolución 201/26 “abre un camino que fue privado por muchos años, en el que se monopolizo la gestión de la vacunación para el control de la fiebre aftosa”

Hoy, observó, “los lineamientos internacionales están marcando el cese de la vacunación en los vecinos países” siendo libres sin vacunación.

“Creemos y sostenemos que la Resolución 201 permitirá integrar a la medicina veterinaria en el sector productivo para las mejoras con todos los aportes de los profesionales en el día de vacunación”, subrayó

El productor, en este marco, “podrá elegir con quién realizar la vacunación de sus animales, pudiendo contratar a la única fundación que tenemos en Entre Ríos o a su médico veterinario y así trabajar todas las instituciones junto con el Senasa en pos de la sanidad animal. La trazabilidad, además, marcará la nueva era, y no habrá dudas sobre el control y auditorías en la actividad profesional ejercida con responsabilidad”, opinó Lell.

Firpo

El médico veterinario Victorio Firpo –productor, ex legislador provincial, ex subsecretario de Asuntos Agrarios de Entre Ríos y socio gerente de Veterinaria Hernández– es un experimentado conocedor de las luchas sanitarias, y, por lo tanto, voz autorizada.

Firpo, en primer lugar, reseñó la historia de la vacunación contra la fiebre aftosa desde sus inicios. “En el comienzo de la vacunación hicieron una experiencia en la zona de Chajarí, con profesionales veterinarios. Resulta que la vacuna no estaba bien preparada todavía, y trajo muchos problemas inflamatorios en los animales”, contó Firpo, y agregó que esta situación generó “muchas discusiones” y “los profesionales del Senasa a nivel nacional –colegas, y amigos muchos de ellos–, decidieron descartar la vacunación por parte de los veterinarios y hacerla con paratécnicos, que es lo que sucede hasta hoy”.

Como veterinario, agregó, “defendí toda mi vida a los colegas” y el paso del tiempo “me dio la razón porque la vacuna, hoy, todavía trae problemas inflamatorios, problemas de abscesos, entre otras dificultades, en los animales, o sea, que no era responsabilidad de los colegas, era un problema de la vacuna”.

Siendo legislador provincial, Firpo dijo que luchó mucho para que la Sociedad Rural Argentina (SRA) se sumara a la Fucofa y que también lo hiciera el Colegio de Médicos Veterinarios, pero “no lo logré, siempre me ganaron la pulseada”.

Explicó, en este sentido, que trabajó para sancionar una ley que tuviera en cuenta a los veterinarios como corresponsables sanitarios. “Pasó en el Senado, pasó en Diputados, pero me la vetaron, y después insistí y la ley se aprobó, pero los lobbies eran superiores y nunca se aplicó”, señaló.

Cuando hablaba de estos temas “siempre me ‘mataban’ porque yo era un blanco muy fácil. Decían que no quería darle beneficios al veterinario sino vender vacunas”.

Firpo, sin embargo, explicó que su postura actual es que “se siga de la misma manera en que se viene trabajando, sin querer cambiar mucho esta última etapa, pero vacunar nada más que los animales hasta los 2 años” porque “con cuatro vacunas les sobra para su inmunidad”.

Advirtió, no obstante, que es “un error vacunar en junio” porque, argumentó, “no sirve para nuestros sistemas de cría”.

Cuando ya esté vigente la Resolución 201/26, “es probable que se vea reducida la cantidad de dosis de la Fucofa –que tiene a su cargo, además, la lucha contra la brucelosis y la garrapata–”, planteó Firpo. Si esto efectivamente sucediera, “con menos dosis y con los veterinarios responsables retirando las vacunas de alguna veterinaria, la Fucofa podría ver resentida su situación económica” lo que obligaría al Gobierno “a armar una estructura”. Por eso, subrayó, “desarmar” el actual esquema “no se justifica”.

“Mi visión, entonces, es terminar esta etapa hasta que, en un período no muy largo, probablemente, se deje vacunar”, cerró Firpo.

Nota publicada en AIRE AGRO

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