Fumigaciones: el fallo del STJ es "una grave vulneración de derechos"
Ximena Rosso, vecina de Tierra Alta, sostuvo que la Justicia “priorizó intereses económicos”. Los denunciantes piensan trasladar el reclamo fuera de la Justicia entrerriana y contemplan acudir posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Danilo Lima
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos rechazó dos amparos ambientales que habían sido unificados en primera instancia: uno presentado por vecinos del barrio Tierra Alta, en Colonia Ensayo, contra las fumigaciones con agroquímicos, y otro promovido por una familia de Aldea Brasilera cuya hija presenta daño genético atribuido a la exposición a pesticidas.
La sentencia inicial había prohibido las aplicaciones terrestres a menos de 1.095 metros de zonas habitadas y fijado una distancia mínima de 3.000 metros para cualquier modalidad. El máximo tribunal provincial dejó sin efecto esas medidas al considerar que las distancias no coincidían con las establecidas por la Ley de Agroquímicos 11.178.
Argumentos de los vecinos
Ximena Rosso, vecina de Tierra Alta, durante una entrevista con el programa Buen Día, que conducen Carlos Matteoda, Alejandro Abero y Marta Segovia por Radio Costa Paraná (88.1), calificó la decisión del STJ como “una grave vulneración de derechos” y sostuvo que la Justicia “priorizó intereses económicos”. Explicó que la ley vigente amplió la distancia respecto de la normativa anterior —de 50 a 150 metros—, pero afirmó que ese cambio “no garantiza la salud ni la protección ambiental”, ya que la evidencia científica demostraría que las distancias legales siguen siendo insuficientes.
Respecto del caso de la niña, Rosso rechazó el argumento judicial de que no se habían realizado los estudios solicitados por el Estado. Afirmó que la menor cumplió con “todos los análisis requeridos” y que los peritajes efectuados “confirmaron el daño genético y su relación con la exposición a agrotóxicos”. Según su planteo, “no existe evidencia que justifique retirar las medidas cautelares”.
Críticas a la ley y a las instituciones
Cuestionó que la Ley 11.178 sea presentada como producto de un consenso, porque —según Rosso— se trataría de “un acuerdo entre sectores empresariales, productores y actores políticos, no de un consenso social basado en la protección de derechos”. Sostuvo que “ninguna mayoría puede acordar la vulneración del derecho de terceros a la salud y a un ambiente sano”. También remarcó que el problema atraviesa distintos gobiernos y banderas partidarias, por lo que el reclamo vecinal no responde a una disputa política.
Se denunciaron fumigaciones cercanas a rutas, viviendas y escuelas, incluso casos en los que una persona habría sido rociada mientras circulaba en bicicleta. Rosso afirmó que “aun con controles policiales, las distancias legales son insuficientes y que la normativa no se fundamentó en criterios científicos”. También criticó “el uso de universidades, organismos públicos y tribunales para proteger intereses económicos”.
Contaminación y próximos pasos
La preocupación excede a Colonia Ensayo: se señaló la presencia de glifosato en cursos de agua y la posible llegada de contaminantes al río Paraná. En el arroyo El Salto, fuente de abastecimiento local, un estudio citado habría detectado 26 agroquímicos; además, se mencionaron altas concentraciones de glifosato en los arroyos Las Conchas y Las Tunas y el efecto potencialmente mayor de las mezclas de plaguicidas.
Los vecinos cuentan con diez días para recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Buscan coordinarse con habitantes de otros barrios, afrontar los costos legales y trasladar el reclamo fuera de la Justicia entrerriana; también contemplan acudir posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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